Que la primera de vuestras leyes consagre la libertad de prensa, la libertad, la más ilimitada, porque sin esa libertad jamás serán consagradas las otras".
MIRABEAU al Parlamento francés
AUNQUE parezca increíble, amigos lectores, es cierto lo que afirmamos en el título de esta nota: está en peligro la libertad en el Perú. No sólo la libertad de prensa sino todas las libertades, porque cuando la prensa calla se silencian todas las rebeldías que son la sal y el pan espiritual de los pueblos, se prostituyen las protestas y queda el campo abierto a todo tipo de tropelías, abusos e injusticias. Sin prensa libre no hay libertad. Y es a la prensa, no a nosotros, a quien el gobierno del señor Belaúnde intenta acallar con una serie de amenazas y acciones judiciales que son del dominio público y que constituyen actos fragantes de agresión al derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sobre sus gobernados. Después de cinco años de casi impecable respeto por el periodismo, el gobierno, por complejos de frustración u otras razones que no nos interesa analizar, parece dispuesto a emular a cualquier dictadorzuelo con aires de "doctor". Porque es la ley, el abuso de la ley penal -tal corno lo ha denunciado el Colegio de Abogados-, el arma que se quiere utilizar contra la prensa. Se intenta cambiar la espada de Damocles de la Ley de Seguridad odriísta por el estilete de un juez meritorio, más o menos hábil en el manejo de un código para malandrines y asesinos e ignorante del papel que desempeña el periodismo en una sociedad democrática.
Este es el triste, el vergonzoso ocaso de un gobierno que nació aureolado por siete años de dura, intransigente y altiva campaña, nacida al conjuro de la palabra ¡libertad! iQué penoso debe ser, después de cinco años de saborear el poder, terminar pretendiendo desconocer la Ley de Imprenta, que es la norma legal a la que está sujeto el ejercicio del periodismo! ¡Qué penoso debe ser ocuparse en estudiar cómo amordazar a la prensa! Y tan atareado debe estar en ello el gobierno del señor Belaúnde, que no advierte que sus ministros y amigos, con sus torpes amenazas e infundadas acciones judiciales, están alterando el ordenamiento jurídico de la República al querer suplantar la Ley de Imprenta por el Código Penal.
A estas alturas, cuando los fabulosos contrabandos descubiertos, fotografiados y contabilizados están a punto de quedarse sin un solo culpable ¡venir con quejas de injurias y difamaciones! Como si la historia política peruana y la de todo país democrático no estuviera plagada de "chicharrones gigantes", de Odrias que declaran al adversario "indigno de la nacionalidad peruana" y de Belaúnde que, con sobrada razón, afirmaba: "La convivencia y los mercenarios que expresamente la apoyan en este atentado de lesa patria (la dilación en reivindicar nuestros derechos petroleros de La Brea y Pariñas), tendrán que responder a la historia por tan condenable conducta". ¿Será delito, pues, decir de un ministro que es "casi un analfabeto", un "iletrado"?. ¿Y no lo es acaso un ministro que desconoce el texto constitucional, que no ha leído las limitaciones que la Constitución ordena a sus actividades privadas? Al menos no las debió entender quien, siendo ministro, actuó como director gerente de su empresa. ¿O cómo podríamos haberlo calificado a este ministro para no incurrir en el mismo pecado o delito de tantos y tan preclaros injuriadores que nos han precedido o nos acompañan?
¡Y pensar que hay cientos de infelices que esperan en sus celdas meses y años para ser juzgados! ¿Por qué no se les atiende con la prisa que nos han prodigado a nosotros?
