CON la reivindicación plena de La Brea y Pariñas, con la auténtica recuperación de nuestro petróleo talareño, queda justificado el derrocamiento de un gobierno que no supo responder a las exigencias de su momento histórico y se da un primer paso en el cumplimiento del manifiesto que exhibe como partida bautismal el grupo de militares que se ha constituido en gobierno revolucionario. Lo ocurrido ha llenado de júbilo al país y ha conmovido a quienes mirábamos apesadumbrados, desilusionados, el quehacer político de las últimas semanas. Con decisión, con eficiente sentido de la oportunidad, con frialdad de estadistas, los hombres que capitanea el general Juan Velasco Alvarado han realizado la siempre incumplida promesa de los políticos: la recuperación de los pozos petroleros que nos tenía arrebatados la International Petroleum y la reparación que esa empresa extranjera debía al Perú. El gobierno revolucionario ha cumplido satisfactoriamente su primer objetivo y toca a la ciudadanía respaldarlo frente a las dificultades externas e internas que su patriótica acción pueda provocar.
Pero el hecho revolucionario, que ha generado la histórica toma de Talara y deberá generar otras acciones que el pueblo peruano reclama inútilmente desde hace, infinidad de años, conlleva una obligación que los militares que han capturado el poder no deben escamotear: el retorno a la fuente de la soberanía, al voto popular. Es indiscutiblemente al pueblo; a los peruanos todos, civiles y militares; alfabetos y analfabetos, a quienes les corresponde decidir su futuro. Deben ser ellos los dueños de su destino como nación. En este punto no tenemos ninguna discrepancia con los partidos y grupos que reclaman elecciones. No concordamos, sin embargo, en el modo y la oportunidad de convocar al voto ciudadano. Para nosotros, y creemos que para la inmensa mayoría culta del país, la Constitución del 33 y el disparatado régimen parlamentario actual, no responden a la realidad nacional. Tampoco, tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia la mayor parte de los mecanismos administrativos. Toda la estructura del Estado peruano no es sino ridículo remedo de sistemas europeos. ¡Y ya obsoletos en sus lugares de origen! Sería torpeza sin nombre, pues, retornar al ordenamiento anterior al tres de octubre; liquidado por sus incorregibles errores, por la complicidad inherente a la duplicidad de funciones entre Ejecutivo y Parlamento, entre Senado y Cámara de Diputados, y por "el acto impío del suicidio" cometido por los políticos de una mayoría gestada en los salones de palacio a contrapelo del mandato popular, ¡No seamos nosotros suicidas volviendo a un sistema que permite a los dirigentes concertarse entre ellos a espaldas de los deseos del pueblo! ¡Sentemos las bases de un Estado moderno donde el pueblo tenga la oportunidad de ser censor constante de sus gobernados por medio del plebiscito o referéndum! Para ello es necesario comenzar por una Constituyente, en la que el pueblo debe dejar sentir su voz y de la que debe partir una nueva estructura legal. ¡Pensemos en hacer patria, no en ganar engañosas elecciones!
Pero el hecho revolucionario, que ha generado la histórica toma de Talara y deberá generar otras acciones que el pueblo peruano reclama inútilmente desde hace, infinidad de años, conlleva una obligación que los militares que han capturado el poder no deben escamotear: el retorno a la fuente de la soberanía, al voto popular. Es indiscutiblemente al pueblo; a los peruanos todos, civiles y militares; alfabetos y analfabetos, a quienes les corresponde decidir su futuro. Deben ser ellos los dueños de su destino como nación. En este punto no tenemos ninguna discrepancia con los partidos y grupos que reclaman elecciones. No concordamos, sin embargo, en el modo y la oportunidad de convocar al voto ciudadano. Para nosotros, y creemos que para la inmensa mayoría culta del país, la Constitución del 33 y el disparatado régimen parlamentario actual, no responden a la realidad nacional. Tampoco, tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia la mayor parte de los mecanismos administrativos. Toda la estructura del Estado peruano no es sino ridículo remedo de sistemas europeos. ¡Y ya obsoletos en sus lugares de origen! Sería torpeza sin nombre, pues, retornar al ordenamiento anterior al tres de octubre; liquidado por sus incorregibles errores, por la complicidad inherente a la duplicidad de funciones entre Ejecutivo y Parlamento, entre Senado y Cámara de Diputados, y por "el acto impío del suicidio" cometido por los políticos de una mayoría gestada en los salones de palacio a contrapelo del mandato popular, ¡No seamos nosotros suicidas volviendo a un sistema que permite a los dirigentes concertarse entre ellos a espaldas de los deseos del pueblo! ¡Sentemos las bases de un Estado moderno donde el pueblo tenga la oportunidad de ser censor constante de sus gobernados por medio del plebiscito o referéndum! Para ello es necesario comenzar por una Constituyente, en la que el pueblo debe dejar sentir su voz y de la que debe partir una nueva estructura legal. ¡Pensemos en hacer patria, no en ganar engañosas elecciones!
