SI no están animados por una fe doctrinaria activa, los parlamentarios no se mostrarán afectos a ninguna medida que disminuya el rol de las asambleas. Jamás nuestros parlamentarios serán permeables a las nuevas ideas que proclaman la necesidad de hacer al pueblo partícipe de sus decisiones. En ellos prima el estómago sobre el corazón y el cerebro. Esta lapidaria cita del eminente jurista francés Julien Laferriere, nos sirve una vez más para abundar sobre la necesidad de reformar la Constitución por vías diferentes a las establecidas y para insistir en la conveniencia ,de hacer participar al pueblo en las grandes decisiones del Estado. Y revolvemos hoy a un viejo tema de esta revista esperanzados en que ha llegado la oportunidad de que la República intente una nueva Carta Magna, que refleje mejor la realidad nacional y sea su contenido fuente de concierto ciudadano y palanca de auténtico desarrollo. Para lograrlo, no es posible ni es conveniente la convocatoria a elecciones de acuerdo al sistema derrocado. La experiencia es abrumadora. En treintaicinco años el Parlamento no ha hecho otras reformas a la Constitución que la ampliación del propio mandato de cinco a seis años, la ampliación del mandato presidencial, algunas variaciones sobre el nombramiento de obispos y, en la última etapa, se reglamentó convenientemente el derecho de expropiación. ¡En treintaicinco años una sola reforma valedera! Y el senador y rector Sánchez, intentando una justificación, añade que ya estaban a punto de aprobarse otras dos reformas: una de ellas obligando a los ex-presidentes a esperar dos mandatos constitucionales para volver a presentarse como candidatos. ¡Como si no fuera una prueba más en contra de las reglas establecidas para que el Parlamento se ocupe de las reformas constitucionales! A nadie se le oculta que ese fue uno de los instrumentos del chantaje del Apra sobre Belaúnde, quien exhibía demasiado a las claras su deseo de volver a la presidencia el setentaicinco.
Pero tampoco le asiste la razón al gobierno militar cuando anuncia su intención de convocar a un referéndum para que el pueblo diga si quiere elecciones con la antigua o con una nueva Constitución. El referéndum o plebiscito sobre el particular es totalmente innecesario y en todo caso, aunque sea indirectamente, ya se ha producido, porque, como dice otro gran jurista francés, Esmein, "cuando un régimen político es destruido por los acontecimientos, es evidente que la Constitución que lo amparaba desaparece junto a él... La realidad política es suficiente para imponer esta regla; pero si se cree necesario justificarla jurídicamente, se puede decir que el pueblo, al aceptar sin protestar el hecho revolucionario, manifiesta, más allá de toda forma legal, su voluntad de abrogar la Constitución anterior".
La mejor, mejor dicho la única manera de lograr una nueva Constitución que sea respetable y respetada, es acudiendo a la fuente de la soberanía: al pueblo. Es él, reunido en Constituyente, el único capaz de darse las normas de gobierno que las circunstancias exijan.
Una de las tareas del gobierno revolucionario es, pues, convocar a una Constituyente que se ocupe exclusivamente de elaborar la nueva Carta Magna que la realidad nacional reclama. Constitución que para entrar en vigencia, antes de disolverse la asamblea constituyente, deberá ser ratificada por el pueblo, sin distingo de alfabetos y analfabetos, por medio del referéndum o plebiscito, institución que no puede dejar de ser incorporada al nuevo ordenamiento legal, ya que ese es el instrumento por medio del cual el pueblo, el soberano, adquiere categoría de auténtico mandante. Ya pasó la época de la soberanía delegada; de los líderes políticos que hacían, con la delegación ciega, cera y pabilo de las promesas electorales y del mandato popular. Estamos, además, en la hora del voto universal.
Pero tampoco le asiste la razón al gobierno militar cuando anuncia su intención de convocar a un referéndum para que el pueblo diga si quiere elecciones con la antigua o con una nueva Constitución. El referéndum o plebiscito sobre el particular es totalmente innecesario y en todo caso, aunque sea indirectamente, ya se ha producido, porque, como dice otro gran jurista francés, Esmein, "cuando un régimen político es destruido por los acontecimientos, es evidente que la Constitución que lo amparaba desaparece junto a él... La realidad política es suficiente para imponer esta regla; pero si se cree necesario justificarla jurídicamente, se puede decir que el pueblo, al aceptar sin protestar el hecho revolucionario, manifiesta, más allá de toda forma legal, su voluntad de abrogar la Constitución anterior".
La mejor, mejor dicho la única manera de lograr una nueva Constitución que sea respetable y respetada, es acudiendo a la fuente de la soberanía: al pueblo. Es él, reunido en Constituyente, el único capaz de darse las normas de gobierno que las circunstancias exijan.
Una de las tareas del gobierno revolucionario es, pues, convocar a una Constituyente que se ocupe exclusivamente de elaborar la nueva Carta Magna que la realidad nacional reclama. Constitución que para entrar en vigencia, antes de disolverse la asamblea constituyente, deberá ser ratificada por el pueblo, sin distingo de alfabetos y analfabetos, por medio del referéndum o plebiscito, institución que no puede dejar de ser incorporada al nuevo ordenamiento legal, ya que ese es el instrumento por medio del cual el pueblo, el soberano, adquiere categoría de auténtico mandante. Ya pasó la época de la soberanía delegada; de los líderes políticos que hacían, con la delegación ciega, cera y pabilo de las promesas electorales y del mandato popular. Estamos, además, en la hora del voto universal.
